El juicio previsto esta mañana en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Alicante por un delito contra la salud pública en
el que estaban acusados un grupo de pescadores de Castellón se
ha resuelto con la aceptación de penas de prisión de más de tres años y multas
de más de tres millones de euros para cada acusado. La vista no ha llegado a
celebrarse porque acusación y defensas han acordado una conformidad.
Los procesados se han declarado autores de los respectivos
delitos contra la salud pública después de que sus defensas alcanzasen un
acuerdo con la Fiscalía y esta parte rebajase sus solicitudes provisionales de
condena. Dos de los cabecillas del grupo siguen huidos, mientras que el
tercero, ciudadano polaco como los anteriores, ha aceptado una pena de 3 años y
9 meses de prisión.
El patrón del pesquero y otro de los implicados en la
organización de la operación delictiva se han conformado con sendas penas de 3
años, 7 meses y 15 días de cárcel, y los otros siete procesados, todos ellos
marineros, con 3 años y 3 meses. Los diez acusados deberán pagar otras tantas
multas por valor de 3,5 millones de euros, equivalente al valor de la droga
incautada, y de no hacerlo se enfrentarían a otros 4 meses de arresto, pena
que, de conformidad con las acusaciones, cumplirían con trabajos en beneficio
de la comunidad.
La investigación contra esta red de narcotráfico se inició a
finales de 2008 por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de las Islas
Baleares de la Guardia Civil, fue dirigida por un juez de Dénia y se centró en
un primer momento en un sospechoso de nacionalidad polaca.
Según la fiscalía, este individuo alquiló una embarcación
recreativa con la que se desplazó a Marruecos para importar hachís que obtenía
a través de un contacto magrebí que residía en Salou. El 23 de noviembre de
2009, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) observaron como el
barco alquilado, el Telma I, trasvasaba en alta mar la droga a un pesquero
español que navegaba alejado de las rutas habituales de pesca.
Este último barco, el Bergantín, arribó unas horas más
tarde al puerto del Grao de Castellón, donde su patrón y sus tripulantes fueron
detenidos por un delito contra la salud pública. Las fuerzas de seguridad
hallaron a bordo del pesquero 90 fardos que contenían más de 2,5 toneladas de
cannabis, una sustancia que en el mercado negro habría alcanzado un precio
superior a los 3,5 millones de euros, según la acusación pública.
